Desde hace unas semanas que los medios masivos de información, esa gran caja de resonancia que todo lo mediatiza, vienen machacando con la temática de las tomas y la propiedad privada. Atrás quedaron esos meses donde el tema excluyente era el Covid-19 y asistimos, día tras día, a la teatralización y a los análisis in situ de la problemática de la tierra. Obviamente que dichos análisis no bucean en lo profundo de la cuestión, sino que simplemente flotan en la superficie.
La intención de estas líneas, por el contrario, es indagar en lo que consideramos sus causas estructurales que históricamente marcaron, y seguirán marcando, las relaciones sociales bajo el capitalismo. Y para ello nada mejor que partir de “datos duros” que contextualicen de manera clara la situación de “la tierra, sus dueños y la tensión siempre latente entre los que tienen y los que no”.
Según el Registro de Tierras Rurales, alrededor de 65 millones de hectáreas (cerca del 35% total del territorio) figura como propiedad de 1300 terrateniente (0,1% de los propietarios privados). Por el contrario, aproximadamente 15 millones de personas (el 37%) no tienen un pedazo de tierra o vivienda propia. Algunos nombres conocidos son los de Benetton (Italia. 900 mil hectáreas); Grupo Walbrook (Gran Bretaña. 600 mil hectáreas). Aunque también están los acaparadores foráneos, tales como, Lázaro Báez (470 mil hectáreas), Familia Sapag (420 mil hectáreas y Familia Menéndez (400 mil hectáreas). En Argentina, y siguiendo con la tónica, casi dos millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de las tierras extranjerizadas está en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% está en manos de estadounidenses y otro 10% en manos suizas. Siguen en el ránking de áreas con mayor nivel de extranjerización General Lamadrid, en La Rioja, con el 57% de extranjerización; la localidad de Lácar, en Neuquén, con el 53%; y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7%.
Indefectiblemente la tensión es inherente a las relaciones sociales capitalistas, ya que por propia esencia dichas relaciones se sustentan no sobre la reciprocidad, sino por la asimetría entre quienes “tienen” y quienes “no”. Y en el caso particular de la “problemática de la tierra” la posibilidad del conflicto en cualquiera de sus vertientes permanece latente.
De esta forma, ante la concentración y acumulación, es inevitable la contrapartida del conflicto (o su posibilidad). Y éste, desde 2017 en adelante, viene siendo cada vez más palpable.
En 2020 se contabilizan, en la provincia de Buenos Aires más de 1800 tomas de terrenos. Se estima que la suma total de las superficies equivale a 4300 hectáreas de tierras ocupadas. Para darle contexto a esa aproximación, según datos oficiales en julio se pudieron constatar 115 tomas, 107 en junio y 80 en mayo, mientras que en abril, primer mes completo de cuarentena, se registró el mínimo que rondó las 50. El ejemplo por excelencia, por extensión y densidad demográfica, es la provincia de Buenos Aires, pero es un fenómeno que se replica en provincias como Chaco y Corrientes.
El conflicto no es exclusividad de “lo urbano”, sino que se da como una constante en la tierra productiva. Siguiendo con datos oficiales, en Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son hostigadas desde el sector privado y estatal. Para tomar dimensión del problema, sólo resaltar que esa cantidad de millones de hectáreas equivalen 455 veces la superficie de CABA. En más del 50% de los casos, se constataron violencia directa sobre los pobladores para correrlos de sus tierras. Dichos conflictos comenzaron hace más de dos décadas y el 70% de ellos corresponden a temas relacionados con el modelo minero, agropecuario y turístico. El mapeo general determina que el NOA concentra la mayor cantidad de conflictos (29%). Le sigue la Patagonia (21%), NEA (19%), Centro (19%) y Cuyo (12%). Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy son las de mayores casos.
Estos datos ayudan a ver la magnitud del tema, pero es necesario tener en cuenta que Argentina tiene, según dicen, un promedio de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay espacio (o baja densidad poblacional) solo superado por Rusia Canadá o Australia. Basta analizar por arriba los números y cae de maduro que esa tensión entre quien tiene y quien no, la administra el Estado y claramente contra los que no tienen techo.
El estado argentino, como tantos otros, nació de la conquista del territorio y en alianza con grupos de capitales. Esa alianza histórica y factores de la economía global, decidió que vamos a ser un país exportador de materias primas. La tierra es dentro de ese concepto algo al que se le extrae ganancias, prácticamente en todos los casos como si fuera una mina, aun sabiendo que en algún momento se termina. Visto de esa manera, el uso de métodos de producción que no tengan en cuenta el medio ambiente (personas incluidas) es totalmente entendible. Del mismo modo se entiende que no le importe dar solución al tema de la vivienda, aun sabiendo que no es para nada difícil. No esta demás citar una nota de Perfil para mostrar que de lo que hablamos no es un slogan “Desde una aritmética simple, si 2 millones de familias (un 15% del total) no tienen vivienda propia y se repartieran 2 millones de terrenos de 200 metros cuadrados cada uno, equivalentes a 400 millones de metros cuadrados y a 40 mil hectáreas, se solucionaría el problema. Estas 40 mil hectáreas son 400 kilómetros cuadrados y el 0,00014 del total de kilómetros cuadrados del país. Aun asumiendo que solo un décimo de nuestra geografía fuera plenamente habitable, y que hubiera que adicionar un 25% a calles y espacios públicos a esas nuevas urbanizaciones, igual se llegaría a apenas el 0,0005 del total de la superficie del país. Nada.”
Quizás sea útil empezar separando algunos puntos dentro del “todo” lo que significa la tierra para luego, en próximas notas, poder intentar profundizar en ellos.
El reformismo agrario.
El último tiempo se estuvo hablando bastante el tema del uso de las tierras llamadas productivas. Con características distintas, varias organizaciones y cierta parte de la coalición de gobierno impulsan la idea de crear “colonias agroecológicas”, donde las familias tendrían acceso a tierra donde vivir y poder producir alimentos para las ciudades cercanas. A simple vista, nada que objetar. Con cambios de nombres, es algo que desde el anarquismo siempre se intentó practicar. Trabajar la tierra en común socializando herramientas y el fruto del trabajo, sin entrar en demasiado detalle, es un objetivo a alcanzar.
Hace unos días el presidente argentino, hablo de asignar tierras fiscales a productores de alimento, aclarando que no hablaba de reforma agraria. Poco se dice de cómo se ejecutaría el plan, más allá de que puede ver que serán las “organizaciones sociales” afines al gobierno las que coordinaran el tema con el Estado. Es de notar que cuando se habla de tierras fiscales, se está hablando de tierras que pertenecen al Estado, y muchas veces se las nombra como “ociosas” en forma negativa. Ver el ocio de esa forma, creer que un terreno que no se cultiva no cumple función dentro de ecosistema, es seguir mirando la tierra como una fábrica o mina. No se está pensando en cambiar la forma de producir alimentos, sino de dejar tranquilo a los productores de dólares.
Hoy las relaciones de fuerza no permiten ver que sea posible en el corto plazo encarar proyectos de magnitud considerable por fuera del Estado o la política, con lo cual muchos quedamos afuera por convicción (a mediano y largo plazo, la herramienta se llama militancia). Puede parecer caprichoso, pero no desconfiar de ciertas movidas, como la encabezada por una hija de la oligarquía y un dirigente social asesor del Vaticano y amigo del gobierno, es una exageración de ingenuidad. Del mismo modo, no ver que es el mismo gobierno el que sigue impulsando el modelo agroindustrial, promoviendo el uso de agroquímicos, con las consecuencias que esto trae, es una ceguera ideológica.
El tiempo dirá como resulta. No hay muchas opciones, se podrá dar una oportunidad a muchas familias de construir dignidad, o serán usados para seguir construyendo Estado.
Reciclados
“Él mismo separa residuos en su casa desde hace una década y hasta hace poco fue vegetariano, pero volvió a comer algo de carne hasta que consulte con un médico y equilibre su dieta. En su familia los residuos orgánicos van a una compostera y con ese compost enriquece una huerta sobre su terraza en La Paternal. Cosechó hasta melones y zapallitos sembrados en cajones de madera”. Se puede leer en el portal Infobae sobre Juan Cabandie, ministro de “Ambiente y desarrollo sostenible” de la nación. No hay porque menospreciar el aporte al medio ambiente del flamante ministro, ni tampoco todas las acciones que lleva junto a su equipo para “impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible”, de hecho, si alguien quisiera cuestionar algo, tiene a su disposición el llamado “buzón verde” para mandar un mail al ministerio.
Más allá de denuncias, sobre todo mediáticas (siempre pidiendo cárcel), y anuncios de grandes planes para el tratamiento de residuos, sus “reparos” al acuerdo con China, o la preocupación que le generan los “pasivos ambientales” el ministro forma parte del gobierno que, por el problema de los dólares, (o por miedo a lo que ellos llaman oligarquía), impulsa el negocio de la soja, Vaca muerta, producción industrial de carnes o la minería. La llamada “licencia social” por ahora es otra de las tensiones que el gobierno deberá manejar. En un momento la frase era algo así como “con la plata de la soja, pagamos planes sociales”, todavía no lleva un año de gobierno, así que ya veremos que “paga” con el corrimiento de la frontera agropecuaria, la mega minería, el fracking, etc. Por ahora, varias comunidades se plantaron para mostrar que la defensa de la vida no es solo una frase.
La casita propia.
Más arriba hemos tratado de demostrar que la solución de parte del gobierno del color que sea es simplemente tomar la decisión política. Cada tanto, alguna gestión comienza relevamientos de villas, tomas, barrios populares, etc. y con algún nombre pomposo (Programa Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano, Programa Arraigo, etc.) crea un plan burocrático para regularizar la situación. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, promulgo desde el 2000 varias leyes para la urbanización de villas, y algunas fueron ejecutadas en parte, pero nunca de forma que dé una solución real a quienes las habitan, pero si un progreso económico a quienes consiguen cargos dentro de los monstros creados a tal fin.
La toma en Guernica fue el símbolo usado desde varios lados para hablar de los problemas de vivienda (y para que cada grupito haga su jugada política con la necesidad de muchos). No hay mucho para decir que no se haya dicho. Quizás, recordar que los gobiernos vienen desalojando de forma violenta varias tomas incluso durante la pandemia. Excusarse detrás de “cumplir una orden judicial”, o llegar con alimentos desde el gobierno para tratar de sobornar gente que no tiene casi nada, solo demuestra lo miserable que puede ser la política y recuerda cuando el hoy Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, era diputado y referente de “la Cámpora” y repartía ayuda con la pechera de su organización.
Ni conclusión ni receta
Cada tema de los que hablamos es un mundo en sí mismo a la hora de analizarlo. Al mismo tiempo es casi inevitable ver que el Estado es el garante de la propiedad privada, la explotación y distribución de los medios de vida. Creer que un gobierno puede cambiar de una vez por todas la forma en que vivimos, es un pensamiento religioso. Las distintas resistencias, los avances de los más afectados, van generando experiencias, y en algunos casos se forman lazos entre los que podrían parecer conflictos distintos. Cada día son más las personas que asocian la forma en que vivimos amontonados y lo caro que resulta, con la forma en que se maneja la matriz productiva y al mismo tiempo con las consecuencias que traen aparejadas. Lo complejo del asunto es como dar la fuerza suficiente y el grado de organización a esas resistencias o avances para intentar cambiar las cosas de raíz, o por lo menos darles un buen susto y seguir acumulando experiencia.