Las estadísticas por sí solas no dice nada, son simples números, carentes de sentido o lógica. Pero cuando éstos son enlazados críticamente nos interpelan, mostrando formas, intenciones, en fin, políticas al servicio de algo o alguien. A continuación, algunos números para entender o aproximarse a la idea de que el “tema seguridad/inseguridad” no es más que una construcción al servicio del statu quo. Y si al termómetro interno le sumamos el contexto externo, enmarcado en los preparativos de la “Cumbre del G20”, el cóctel represivo adquiere dimensiones preocupantes, sobre todo en este momento económico y social tan permeable al discurso de “orden y seguridad”.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, del denominado G20. La crema política de primer nivel estará presente en la emergente Buenos Aires, entre ellos Donal Trump, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Shinzo Abe y Ángela Merkel. Para garantizar lo que ellos denominan “seguridad” el gobierno actual gastó más de 100 millones de pesos en armas, equipos antidisturbios y proyectiles letales y no letales. Se estima que se compraron más de 15 millones de balas de goma, 2 mil gases lacrimógenos, 6 mil vallas de contención, más chalecos, escudos y bastones.
El G20 y su tan mentada seguridad es el “anillo al dedo” que la clase gobernante necesita para permear no sólo su diatriba discursiva, sino para aleccionar a aquellos que se dignen siquiera levantar la voz. En la ciudad de Buenos Aires, regenteada desde hace más de una década por los muchachos del PRO, se vienen produciendo cambios significativos en el perfeccionamiento de la fuerza represiva. En 2016, mediante la Ley 5.688, se creó la Policía de la Ciudad, en la que confluyen y se integran la Policía Metropolitana y una parte significativa de la Policía Federal. En sintonía con este nuevo actor represivo, el gobierno porteño destinó, en 2017, más de 29 millones de pesos en equipar a la fuerza. En 2018, y pese al contexto recesivo, la cifra se aumentó hasta casi 32 millones de pesos (como un dato más, resaltar que este monto representa el 17% del presupuesto total de la ciudad). Ese aumento presupuestario va en sintonía con el crecimiento numérico de la fuerza ya que se estima pasar, para fines de 2019, de los 24 mil efectivos actuales a más de 27 mil.
Pero lo que más llama la atención es que el gasto represivo no termina aquí. Por el contrario, para apuntalar al brazo oficial, el gobierno de Larreta firmó diferentes convenios con empresas privadas de seguridad para que se ocupen de puntos estratégicos específicos. Es más, el PRO en el poder incrementó en más de 550% el gasto en “seguridad privada” hasta superar los 5 mil millones en nueve años, con la contratación de 4 empresas privadas (Líderes Consultores de Seguridad SA; Murata SA, Comahue SA y Briefing Security SA) para que brinden “el servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica, con destino a todas las dependencias y bienes” del gobierno porteño, incluido el subterráneo.
Está claro que por más que se intente diferenciar discurso de política gubernamental, ambos persiguen el objetivo de legitimar (y suavizar) acciones represivas. Lo discursivo juega y le da forma a lo simbólico, generando y naturalizando estereotipos del buen vivir (generalmente encarnados, cual familia Ingalls moderna, en la de Macri/Awada) ya que con la confrontación llana y directa está más que probado, que en momentos democráticos, no funciona. Por el contrario, lo “salvaje” de la fuerza necesita camuflarse en la civilidad de lo correcto, encarnado en su exponente máximo, el ciudadano comprometido a partir de la idea del sacrificio social.