Los tiempos que corren, corren muy rápido, quizás por eso el proyecto para la creación de una “policía democrática” que reemplace a la Federal duró poco en los medios. Pero viendo lo que se puede venir, y sumado a este proyecto la historia de los anteriores gobiernos y las primeras medidas, o logros, del Ministro de Defensa Agustin Rossi, vale la pena un breve análisis.
El proyecto de ley, que ni siquiera se sabe si se discutirá o no en el Congreso, es un intento de “cambiar esta realidad de raíz, y hacer del policía un ciudadano y un trabajador con derechos y deberes; y de la fuerza policial una institución que resguarde la seguridad pública y democrática desde una perspectiva de derechos humanos priorizando la protección de las personas en vez del orden fáctico, recuperando los niveles de confianza con que hoy no cuenta y realizando una verdadera tarea principalmente de prevención, y también de conjuración e investigación de los delitos y los hechos de violencia.” Por lo menos con estas palabras se expresa Victoria Donda, flamante encargada del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que pretende que “las políticas contra todo tipo de discriminación lleguen a las casas y los teléfonos de cada uno de los, las y les ciudadanos del país” , o sea que pretende meterse en nuestra vida casi como el Gran Hermano, y para eso nada mejor que un nombre nuevo para la gorra (sí, como en 1984, hay un nombre ambiguo para cada cosa).
En pocas palabras, hacer una policía federal nueva con otro nombre y más acorde al discurso progre de hoy en día. Con otro funcionamiento interno, hasta quizás otro uniforme, y todo envuelto en el paquete de la moda ciudadana siglo XXI. Debe ser por eso que hace hincapié en cómo se utilizará el arma y cuando debe portarla. También la describe como una fuerza “civil” en un intento de lavado de cara, simplón, ya que la policía actual es una fuerza civil, (por ejemplo por eso no depende del Ministerio de Defensa) y mucha vuelta discursiva para intentar mostrarnos que esta nueva policía será menos transa o torturadora o mata pibes que la anterior. Algo que en cada cambio de gobierno se promete y sólo demuestra que les encantan los policías, sólo que quieren los propios y a su medida. Para muestra sobra un botón, y cuando habla del uso del arma por parte del/a lo hace “alarmada” por los/as policías muertos: “portar el arma las 24 horas del día y en toda circunstancia -aun cuando el agente u oficial está de vacaciones con su familia- y a su vez, la ley para el Personal de la Policía Federal lo obliga a “arriesgar la vida e integridad personal en defensa de las propiedad de las personas”. Como resultado de esta imposición tenemos alarmantes índices de oficiales muertos/as por uso de armas fuera de su horario de servicio. La obligación de portar armas y poder utilizarla en cualquier circunstancia que el agente u oficial de policía considere pertinente, alimenta una subcultura de violencia. De esta forma, el estado policial promueve dicha estructura corporativa y, en definitiva, realimenta las raíces culturales del autoritarismo policial y coadyuva a legitimar la impunidad. La burocratización excesiva de determinados aspectos de la actividad de las fuerzas, es otra de sus características estructurales que redunda en el incremento de la violencia abusiva.”
Otra vez, sin temor a ser redundantes, el problema que ven los legisladores es el de la violencia “abusiva”, o la “subcultura de la violencia”, hablando de personas que portan una pistola automática calibre 9mm. El texto del proyecto es largo y casi todo es en el mismo tono de cambiar la apariencia. Sólo para dar un ejemplo más, el tema de “lo personal es político” sigue generando algunas cuestiones raras. Por un lado, protege al ciudadano para que esta nueva policía democrática no los pueda molestar por asuntos que tengan que ver con su “(…) etnia, fe religiosa, orientación sexual, acciones privadas, u opinión política. (…)” pero sí le exige al portador de gorra y pistola “comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y privada, conservando incólume el prestigio institucional.” O sea, con la gente todavía no se pueden meter, pero los policías son suyos y los quieren controlar hasta dentro de su casa (quien sabe en un futuro no los obliguen a hablar en lenguaje inclusivo o cosas por el estilo). Sobre el “prestigio institucional”, nada que decir, seguramente es parte de una visión compartida con los anteriores encargados de la seguridad, sea Patricia Bullrich y su defensa a policías implicados en asesinatos, o Sergio Berni, quien se jactaba de no tener ningún caso de gatillo fácil en su gestión. Ambos defendiendo a las fuerzas de las denuncias de Correpi.
De aprobarse el proyecto de ley, será un gran paso en la carrera del progresismo argentino para seguir disfrazando la realidad. Será una tarea difícil para quien quiera denunciar cualquiera de las prácticas habituales de la policía, porque se estará atacando a la policía de la democracia, asociada por ley a los valores que con tanto sacrificio se ha logrado obtener y que seguramente su cuerpo de infantería no dudará en defender pisando cabezas, para mantener el “prestigio institucional”, la democracia y la sacrosanta propiedad privada. El ejemplo de la traición policial en Bolivia al gobierno, debe ser un fantasma que nuestros legisladores intentarán evitar.
Como ese fantasma de Bolivia sobrevuela, y el ejemplo del gobierno de Chile es el que no se animan a reivindicar (en definitiva, lo que muchos esperaban es que las fuerzas armadas respondieran al gobierno de Morales y aplacaran las manifestaciones como se intenta en Chile), al Ministerio de Defensa todo indica que volverá el ya conocido Agustin Rossi. Pero como buen progre de la patria grande, ajustará el discurso al idioma de sus votantes. Hace unas semanas, cuando el Congreso debía decidir algo con respecto a la ley de educación sexual integral, los legisladores prefirieron usar el tiempo para aprobar una ley que establece un presupuesto mucho mayor para el ministerio de defensa. En una charla con Tiempo Argentino, así lo explicaban juntos, el periodista y el seguramente futuro Ministro:
Las FF AA argentinas, en el marco regional, respetan la subordinación a la autoridad civil. Pero, al mismo tiempo, las de los otros países se reequipan y crecen mientras que en la Argentina el presupuesto de Defensa es bajo. Se lo pregunto por las amenazas hacia los recursos naturales.
– Está claro que hay que aumentar el financiamiento y el equipamiento. Nosotros, en 2013, hicimos una enorme inversión en equipamiento, que se fue desarrollando en 2014 y 2015. Y lo que yo estoy planteando ahora –hemos presentado un proyecto esta semana– es crear un Fondo Específico para el Equipamiento… (bla bla bla)
Ahí está, “los recursos naturales”. 14.000 millones de pesos (según Clarín) para equipar a las fuerzas armadas para proteger los “recursos naturales”. Seguramente, entre los curas, políticos/as y empresarios/as que se juntaron para solucionar el hambre en Argentina, no habrá resquemores, hay prioridades. El futuro ministro explica a quien quiera escuchar las bondades de equipar las fuerzas armadas, ya que esto genera puestos de trabajo, activa la industria nacional y un montón de cosas más, como los grandes avances tecnológicos de que gozamos gracias a las investigaciones de las Fuerzas armadas.
Con el correr de la gestión veremos si el nuevo gobierno sigue enviando militares a las fronteras, o a cuestiones sociales como antaño. No faltará tampoco oportunidad para demostrar que tan democrática sea la gorra a la hora de enfrentar la protesta social. Lo que queda claro es eso de que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y que el nuevo gobierno está preparando todo para que no dudemos en ese pedido de sacrificio o de poner el hombro. Para garantizarlo, para que estemos tranquilos/as, estará la democracia con su policía y las fuerzas armadas. Ni cambios, ni grieta.