7 de Abril de 2018

“Todos los chilenos tenemos que unirnos frente a un enemigo poderoso, implacable que no respeta nada ni a nadie y que está dispuesto a cometer todos los abusos con tal de conseguir sus perversos objetivos.”

11 de Junio de 2018

“No solamente nuestro gobierno, nuestra sociedad está en guerra contra la delincuencia y el narcotráfico, y todos sabemos que esta es una guerra dura y difícil. Porque al frente tenemos un enemigo, cruel, implacable, poderoso que no respeta a nada ni nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos.”

17 de Octubre de 2019

“En el mundo entero la delincuencia es un enemigo formidable, poderoso, cruel, implacable que no respeta a nada ni a nadie y tenemos que combatirlo con toda la fuerza del mundo.”

20 de Octubre de 2019

“Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún limite.”

Todas estas frases fueron pronunciadas por el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera en distintos momentos, pero la última frase tiene otro peso ya que en ese momento los militares patrullaban las calles, regía el toque de queda en diferentes regiones y se empezaban a contar los muertos y heridos. El enemigo, entonces, no parece haber sido algo nuevo, sino más bien el de siempre, parte de un pueblo que se levanta, que resiste y ataca con los medios que tiene disponibles con la esperanza de que la vida algún día cambie.

Días antes del estallido del 18 de octubre, se llevaron adelante lo que dieron en llamarse “evasiones masivas”, donde decenas y cientos de estudiantes secundarios ocupaban las estaciones de metro buscando evadir (pasar sin pagar) como forma de protesta al último aumento en el valor del pasaje. Lo que parecía un acto de desobediencia civil se terminaría convirtiendo en una de las protestas mas grandes que hubieron en la región.

Es importante tener en cuenta el contexto en el que se dan estas evasiones, para eso podemos leer lo que decían los/as compañeros/as en el primer número del periódico anarquista Confrontación de la región chilena (agosto - septiembre) “en este territorio, de norte a sur existen colectivos e individualidades que se enfrentan al Estado, el Capital y toda su maquinaria de opresión. Pero desde hace un tiempo se ha configurado un nuevo enemigo interno, al cual por todos los medios y ámbitos de la vida se busca neutralizar: LXS JOVENES.

Bajo la excusa del orden democrático y la pacífica protesta, el Poder ha movilizado todas sus herramientas para lograr configurar a éstos como el monstruo a perseguir y criminalizar; delincuentes que no respetan la legitima propiedad privada (bajar la ley de responsabilidad penal), delincuentes sobreideologizados y violentxs, que no poseen argumentos claros bajo los cuales protestar (ley aula segura), antisistemas que hay que controlar (toques de queda), sujetos que hay que adoctrinar (reforma curricular en las escuelas).”

Existen demasiados condimentos a tener en cuenta para explicar un fenómeno como el que se está dando en Chile en estos momentos, y seguramente la distancia no nos ayude en hacer un análisis certero, pero como vemos en las palabras de los/as compañeros/as esta idea de la juventud como sujeto social peligroso ya estaba siendo instalada antes de empezar las evasiones. Cabe mencionar también que la conflictividad dentro de los estudiantes universitarios y secundarios viene de un proceso largo de años de organización y combate callejero.

Los que sobran

De esta forma, los estudiantes y el reclamo contra el aumento del boleto puso al descubierto otros problemas latentes que se vivencian en el territorio chileno, desde el acceso a la educación y la salud, pasando por el esquema jubilatorio, el acceso a la vivienda, la corrupción y un largo etcétera. Todos estos reclamos tienen como base la inmensa desigualdad en el territorio. Comenzando el mes de octubre, el presidente Piñera decía: “en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile; nuestro país. Es un verdadero oasis”. En un informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en el año 2018 se daba cuenta que “el 75 por ciento de la población tiene un ahorro menor a los 315 mil pesos y estamos hablando del ahorro acumulado en varios años”, esto seria cerca de 450 dólares en ese año. La fortuna acumulada del presidente Sebastián Piñera era de 2.888 millones de dólares, ocupando el quinto lugar de las personas más ricas en Chile.

Existe también, desde cierto sector de la sociedad y hasta como recurso simbólico, una crítica al texto constitucional de Chile ya que este se aprobó en el año 1980 durante la ultima dictadura militar, en remplazo del original de 1925. Si bien con el retorno de la democracia se hicieron algunas modificaciones, esta constitución fue aceptada por los diversos sectores políticos. Uno de los reclamos que se hicieron oír y fue rápidamente aceptado por la casta política fue el de una nueva constitución, pensando en este texto como una herramienta mágica para el cambio social.

Esta olla a presión que parece ser la sociedad chilena explotó, finalmente, la noche del 18 de octubre en lo que pasaría de ser una simple revuelta a un proceso insurreccional que todavía no parece haber terminado. Las evasiones masivas convocadas para ese día fueron reprimidas por Carabineros, lo que llevó a enfrentamientos y protestas callejeras. Con todas las líneas del Metro suspendidas, la respuesta del actual gobierno fue dar una conferencia de prensa para amenazar con la implementación de la Ley de Seguridad del Estado que agravaría las penas de las personas que se encontraran protestando. Las calles, entonces, respondieron a su manera. Se levantaron barricadas, se incendiaron estaciones de Metro, facultades, casetas de policías mientras un cacerolazo masivo resonaba en gran parte de la ciudad. Cerca de los enfrentamientos una columna de fuego iluminaba la noche, parte del edificio de ENEL (empresa de distribución eléctrica) había sido incendiado. En este contexto donde las fuerzas represivas eran avasalladas, y el Estado parecía desaparecer virtualmente por momentos, una foto comenzó a circular por las redes sociales. En ella se veía al presidente festejando un cumpleaños en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

“[…] se desató una ola de violencia brutal en la que pequeños grupos ejercieron una violencia sin dios ni ley, quemaban todo lo que se ponía en su camino, las estaciones del Metro, los hospitales y los supermercados, tratando de causar daño para destruir el sistema.” Sebastian Piñera.

Pasada la medianoche el presidente anunció el estado de emergencia para algunas provincias y comunas denunciando, nuevamente, “la acción de verdaderos delincuentes, que no respetan a nada ni a nadie”, horas más tarde el jefe de Defensa Nacional Javier Iturriaga anunciaría el establecimiento del toque de queda, de esta forma las principales zonas urbanas del país, con cerca de nueve millones de habitantes estarían bajo estados de excepción constitucional. Nuevamente existe un peso simbólico muy fuerte en esto, que tiene que ver con la ultima dictadura donde los estados de excepción eran moneda corriente. Si bien durante el terremoto del año 2010 se utilizó el toque de queda este no había sido implementado desde el año 1987.

El resultado de estas medidas no fue otro que el de acrecentar el conflicto. Junto con las barricadas se generalizaban los saqueos a supermercados, farmacias y bodegas. Sólo durante el primer fin de semana 60 locales de Walmart y 150 de la cadena SMU habían sido saqueados, muchos de ellos incendiados.

A menos de 24 horas de su anterior anuncio, el presidente tenía que salir nuevamente a hablarle al país, esta vez con un discurso conciliador en el que decía haber “escuchado con humildad” y anunciando no sólo la suspensión del aumento de metro sino la concertación de una mesa de diálogo para atender los diferentes reclamos. El domingo, mientras los políticos se reunían en sesión extraordinaria a deliberar, la conflictividad seguía en aumento y comenzaban a confirmarse las primeras muertes producto de las balas del Ejército.

La Política y la Paz

Con el pasar de los días se daban dos situaciones en paralelo, por un lado, los políticos hablaban de una “nueva agenda social” destinada a reformar el sistema de pensiones, la salud, los salarios, impuestos, etc. Pero por el otro, en las calles las protestas no amainaban y se veía al Estado completamente desnudo ejerciendo la violencia de una forma que parecía olvidada. Las redes sociales servían para mostrar como se desarrollaba la represión en diferentes regiones y al mismo tiempo para la difusión de noticias falsas, videos e imágenes editados para generar confusión y un estado de alerta en el que se buscaba instalar el discurso de que las acciones violentas eran montajes armados por Carabineros, o por infiltrados.

Casi como en respuesta a las imágenes de la represión aparecieron videos de militares en actitud amistosa con quienes protestaban de forma pacifica, que terminarían en un spot publicitario del Ejército de Chile, donde se podía ver a los uniformados jugando a la pelota en manifestaciones, bailando cueca (sin dejar su arma de lado mientras zapateaban), relacionándose con niños, etc. Todo bajo los aplausos de parte de la población en el espíritu de que “todos somos chilenos”, “son parte del pueblo”.

De esta forma se establecía la estrategia para separar a los sectores pacíficos de quienes usaban la violencia para responder a los avances del Estado, estrategia que se consolidó luego de una masiva marcha de la que participaron cerca de un millón y medio de personas. Las palabras del presidente, junto con el cese al estado de emergencia días después y la remoción de algunos ministros, refuerzan este intento de canalizar el estallido hacia la política y la paz: lLa multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza.Todos hemos escuchado el mensaje.Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos.” (Sebastian Piñera).

Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile, al 30 de Noviembre, 30.102 personas fueron detenidas, de estas 20.217 fueron formalizadas y 1957 quedaron en prisión preventiva. A este balance habría que agregar las 26 muertes confirmadas según datos oficiales, las más de 3449 personas heridas, 352 de ellas con lesiones oculares, las torturas, vejaciones y humillaciones junto al uso de la violencia sexual en muchos de estos casos. La respuesta del gobierno a las muertes fue categórica, adjudicándose sólo cuatro de las muertes ya que “los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas”. Un lenguaje parecido es el que se encuentra en el ultimo informe sobre Derechos Humanos de la ONU al argumentar que “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente.”

Consolidar la normalidad

Durante décadas el Estado generó junto a los medios de comunicación una doctrina basada en el terror, buscando confundir a la opinión pública y atacar a los sectores combativos de la sociedad, creando un enemigo tras otro para poder mantener la careta del país ejemplar. Hoy, desde todos los sectores políticos, se establece el discurso de “volver a la normalidad”, un absurdo ya que la normalidad es lo que llevó a este estallido social. De no calmarse la situación amenazan con los problemas económicos que atravesaría el país en los próximos meses. Amenaza que pone foco en la imagen que los mercados tendrían de Chile en estos momentos, historia ya conocida de este lado de la cordillera. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno queda en evidencia que las acciones realmente violentas son generadas por quienes poseen el monopolio de la violencia.

El combate callejero, junto al ataque a símbolos del Estado y el Capital, en un proceso que se mantiene en el tiempo y lleva mas de 60 días, ha logrado gestar importantes relaciones solidarias y de apoyo mutuo. Se han perfeccionado técnicas y estrategias para el ataque y la autodefensa, proceso que también provoca un cierto tipo de legitimidad social al enfrentamiento violento en lo que dan a llamar “la primera linea”. De esta forma se legitima el combate como condición necesaria para la continuidad de la protesta. Es decir, dentro de este planteo la protesta pacifica no puede existir sin la violencia requerida para detener a las fuerzas armadas del Estado.

Del otro lado de esta primer línea pueden verse las intervenciones artísticas, performances y grupos musicales, la conocida fiesta y parafernalia en la que derivan naturalmente los métodos cívicos de protesta. Si bien es valioso ver a miles de personas salir a las calles a pesar de todas las estrategias y el miedo que ha querido generar el Estado, y también que se haga con el entendimiento del uso necesario de la violencia, no deja de hacer ruido que ciertas personas tengan que sangrar y enfrentar penas durísimas en prisión para que otras puedan dar rienda suelta a su expresividad artística en sus cantos, bailes y carteles.

Mientras la consigna sea que “se vaya Piñera”, esta puede ser apoyada por demócratas, progresistas, incluso por quienes ostentan el poder que prefieren ver caer un gobierno antes que poner al sistema entero en jaque. Pero la política tiene las herramientas necesarias para intentar recuperar el orden, no les tiembla el pulso para entregar dádivas con una mano mientras con la otra crean nuevas leyes y ordenanzas para evitar que esto vuelva a pasar alguna vez en el futuro.

¿Esto no prendió?

Apenas comenzaron las primeras evasiones el ex-presidente del Metro (Clemente Pérez) les hablaba a los/as jóvenes “van dos o tres días y van 3500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. […] La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ha visto muy perjudicada.”

Llegados a este momento el plan del Estado es claro, negociar una tregua con la ciudadanía, entregar los beneficios que sean necesarios para que una mayoría baje los brazos y vuelva a sus casas cantando victoria. A su vez, el valor de cambio de esta tregua sería el encierro de quienes consideran como elementos indispensables para que existan nuevas protestas en el futuro.

El General Director de Carabineros Mario Rozas anunció, hace pocos días, que están trabajando en identificar a estos grupos de “delincuentes y traficantes de drogas, lumpen, anarquistas” y entiende que ya están teniendo éxito en la investigación: “este es un trabajo que se realiza de forma silenciosa, estamos utilizando tecnología de punta. Se ha detenido una gran cantidad de personas”. Pero no es sólo Carabineros sino también el Ministerio Público quien tiene como foco principal dar con las identidades de las personas que hicieron ciertas acciones y para esto cuentan con mas de 20 mil horas de grabaciones.

Para llevar adelante esta investigación en la Región Metropolitana se ha designado especialmente a Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur. Esta designación según él mismo se da por haber investigado grupos anarquistas en el pasado y no tiene dudas que va a lograr más detenciones: “tenemos una gran cantidad de rostros, esas personas están individualizadas y es cosa de tiempo de que sean identificadas y enfrenten a la justicia. […] Esos imputados, a los que la Fiscalía va a ir llevando ante tribunales, es probable que de ser condenados pasen gran parte de su vida en la cárcel por estos graves hechos.”

En este momento ya han arrestado compañeros/as bajo la modalidad de prisión preventiva, buscando que pasen décadas en prisión para poder recuperar lentamente el control de la vida e imponer lo que llaman normalidad. Esto, por supuesto, no es una estrategia novedosa sino que parte de las herramientas de las que dispone el Estado. Un primero de mayo de 1974 el Presidente Perón ponía en palabras esta estrategia que tiene la democracia para aplacar la insumisión: “aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Los combatiremos con nuestras fuerzas, y los derrotaremos dentro de la Constitución y de la Ley. Ninguna victoria, que no sea también política, es válida en este frente.”

Nadie sabe muy bien como puede terminar el proceso que comenzó en Chile en octubre pasado, lo cierto es que las relaciones sociales cambiaron, muchas personas se han encontrado en las calles y ocupado lugares comunes de lucha, hay un lenguaje que empieza a ser compartido y esperamos que dentro de estos nuevos espacios de resistencia se vea, como condición indispensable para la continuidad de la lucha, la libertad de quienes se encuentran tras las rejas.

También es cierto que todos los avances tienen un tiempo limitado de vida, si la llama se apaga lo mas probable es que la conflictividad social retroceda y se estanque nuevamente. Sabemos que la desigualdad no es el verdadero problema sino la evidencia de la apropiación por parte de algunos/as de los que debería ser de todos/as. Al igual que en este país, los problemas no pueden resolverse con una mayor distribución de la riqueza, porque la riqueza no es más que la explotación de los cuerpos y las mentes, el saqueo generalizado por medio del Estado y el Capital. Sólo su completa destrucción puede llevarnos a una verdadera “vida digna”.