Dólares y más dólares, esa parece ser la premisa (o la consecuencia) del “acuerdo” entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Y en esa ambición de liquidez verde, creemos que esta nota, desfasada desde la inmediatez de lo noticioso, adquiere (o puede adquirir) relevancia política en el cuadro de situación económica a raíz de la aprobación del pago al FMI.

La correlación de fuerzas en Política tiene su reciprocidad en la esfera económica. O, mejor dicho, Economía y Política no deben disociarse al momento de analizar el funcionamiento del Capital. El capitalismo como tal es un aceitado entramado de relaciones sociales, políticas y económicas que, más allá de tensiones internas, mantiene cierta coherencia que le permiten actuar de acuerdo a específicos intereses. Esto no niega la posibilidad de que sus objetivos en algún momento se crucen, pero en general caminan en paralelo, procurando efectividad, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios.

Con un Estado ávido de dólares, en los últimos meses se han impuesto en la agenda mediática y política temas tan controversiales para la opinión pública como los acontecidos en Chubut con el tema de la minería y en Mar del Plata con el petróleo. Dentro de esa línea han quedado rezagados otros que, al menos desde las propuestas teóricas de sus postulados, deberían tener cierta preponderancia social. Uno de esos temas, defendido en su momento a “capa y espada” por los economistas del gobierno (los oficiales y los oficiosos), es el del Consejo Agroindustrial, propuesta oficial del gobierno en su relación directa con “el campo” (o parte de él). Vale aclarar que por el momento es más una intención programática que una política estatal, pero desde ambos sectores (gobiernos e integrantes de la cadena agroindustrial) el acercamiento en miras de objetivos comunes es una realidad.

Obviamente que el causal de este acercamiento, forzado, sobre todo mirando en retrospectiva la historia reciente entre los popes del campo y el kirchnerismo/cristinismo, durante los gobiernos de Néstor y posteriormente Cristina, núcleo duro del actual frente gobernante, se explica, entre otras cuestiones, por el contexto de crisis general agudizado por la pandemia. Los números en rojo (bien rojos) son la tónica de cualquier estadística oficial u opositora respecto a desempleo, pobreza, inflación, poder adquisitivo, etc. Y es en ese contexto que el gobierno presentó el proyecto agroindustrial sobre dos ejes principales: la búsqueda del aumento de las exportaciones (y de esa manera obtener dólares líquidos) y el nivel de empleo.

En su discurso de presentación, Julián Domínguez, titular de la cartera agropecuaria sostuvo que “la ley implica un impulso a la industrialización a través de incrementar el valor agregado de origen, incorporando tecnología de última generación. Pero también realizará un aporte para el fomento de nuevas inversiones en las diferentes cadenas de valor, y la promoción del empleo decente, con el compromiso del sector de generar 700 mil nuevos puestos directo e indirecto de empleo decente para el 2030”. Hasta acá hermosas palabras que, tomando en cuenta el contexto, nadie rechazaría. El inconveniente es que nadie dice cómo se generaría ese profundo cambio laboral, de inversiones y mano de obra empleada.

Una lectura simple de lo hasta acá expuesto es la de entender que los resultados de las PASO y las posteriores elecciones calaron hondo en la coalición gobernante. O al menos les dieron un baño de realidad una vez que la pandemia como tal dejó de ser la “excusa” que todo lo explica y justifica. De esa forma, el acercamiento a los popes del se ctor agropecuario era algo viable en la búsqueda de divisas inmediatas para llenar las arcas estatales en el proceso de negociación programática con el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo, era previsible ya que el Consejo Agroindustrial Argentino nuclea a representantes de 64 pequeñas, medianas y grandes empresas del agro argentino; representa el 65% de las exportaciones nacionales y el 18% del PBI.

Y el acercamiento, hasta el momento, se dio no sólo discursivamente, sino también en “guiños” concretos como la flexibilización de las exportaciones de carne vacuna, una mejora en el acceso al financiamiento y el envío al Congreso de un proyecto de ley para el desarrollo agroindustrial.

A esta lectura “socioeconómica”, resultado directo de la derrota electoral y del contexto de crisis económica, con sus guarismos en negativo en cualquiera de sus ítems, se le podría agregar una lectura netamente “política” en la tensión interna “del campo” ya que el Consejo Agroindustrial pone en discusión la disputa hegemónica con las asociaciones rurales tradicionales, para posicionarse también, como todo establishment, a partir de sus propios intereses. Pero con una particularidad no menor: la búsqueda del diálogo y el consenso con el gobierno. Y esa disputa por la hegemonía del sector ya ha tenido, estas últimas semanas, coletazos importantes ya que la sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas ha decidido arbitrariamente, bajarse del Congreso Agroindustrial.

Era previsible que la tensión interna se manifestara entre las diferentes entidades tradicionales rurales. Lo que no era esperable es que la respuesta fuera tan rápida. Al respecto, desde el Consejo Agroindustrial sostienen que ni la Sociedad Rural, la Federación Agraria y la Confederación Rural Argentina no adelantaron su malestar, afirmando que no hay propuestas sin resolver. “El CAA ratifica su rumbo para lograr una política de Estado agroindustrial, federal, inclusiva, sustentable y exportadora”, comienza en el título el comunicado, para luego avanzar en las respuestas hacia las entidades salientes. Y continuó: “Somos un ámbito horizontal de debate y generación de propuestas de políticas de mediano y largo plazo donde se escuchan y reciben aportes. Hasta la fecha no se registran iniciativas pendientes o planteos irresueltos. Todo lo contrario, los miembros que han traído propuestas han logrado concretarlas”.

Todo parece indicar que la propuesta está muerta desde antes de iniciar, pero como en política nada es seguro habrá que estar atentos a cómo se resuelve el juego entre el gobierno y “el campo”, por un lado, y entre los diferentes actores “del campo”, por otro.