Durante los últimos años se discutió y se llegó a instalar el concepto de “golpe cívico-militar” para describir política y legalmente a la última dictadura. Esto se debe en parte a algunos organismos de derechos humanos en su búsqueda de “justicia”, lo cual llevó a algún que otro empresario al banquillo de acusados y en parte por una pelea del gobierno anterior con algunos grupos de capitalistas nacionales. Más allá del uso político del término, (el gobierno de Vidal utiliza este término por ley) la idea ayudó a pensar el último proceso militar como algo más que un grupo de militares católicos que desde la administración del Estado, secuestraban, torturaban y desaparecían gente, hasta llegar al punto que debe ser de lo más miserable del ser humano como apropiarse de los/as hijos/as nacidos/as en cautiverio. Porque el Golpe incluyó eso, pero algunas cosas más y claramente no fue algo pensado y llevado a cabo solo por las fuerzas armadas. Sin el apoyo de potencias extranjeras, de los grandes capitalistas nacionales, el clero y la complicidad de los principales referentes políticos y sindicales criollos, los militares no se abrían atrevido a tanto.

Industria Nacional

La persecución a activistas sindicales durante esos años fue brutal, pero el discurso se basaba sobretodo en la idea de la “subversión extranjerizante”, cuando en realidad la cuestión de los problemas que causaban a las grandes empresas tenía un peso que podría pensarse igual o más importante.

Algunos ejemplos se pueden extraer de informes como el del CELS llamado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. En él se trabajan sobre varios casos, como por ejemplo el de ACINDAR, donde se le atribuye, “puesta a disposición de instalaciones y recursos materiales; presencia de un destacamento policial que funcionó como centro clandestino de detención dentro del establecimiento fabril; aporte de información a las fuerzas represivas para secuestrar y/o desaparecer trabajadores; vinculaciones con figuras claves de la dictadura y de las Fuerzas Armadas”.

El de Mercedes Benz, “participación en el secuestro de trabajadores; aporte de información a las fuerzas represivas para secuestrar y/o desaparecer trabajadores; realización de actividades de espionaje cuyos resultados sirvieron a la represión estatal; aportes económicos a las fuerzas represivas”.

Molinos Rio de la Plata, “aporte de información a las fuerzas represivas para secuestrar y/o desaparecer trabajadores; operativos dentro de la fábrica; entrega de información privada de los trabajadores a las fuerzas represivas; participación de oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos”.

Ledesma, “detención de trabajadores en el establecimiento fabril; operativos dentro de la fábrica; confección de listas con nombres de trabajadores a detener; uso de camionetas y otros vehículos para secuestrar y desaparecer trabajadores; aportes económicos y habilitación de instalaciones para el funcionamiento de las fuerzas represivas”. Así siguen los ejemplos y las cifras sobre detenidos, asesinados y desaparecidos.

Pero no sólo la burguesía nacional con sus grandes empresas aportó a la masacre, cada vez que el poder los necesita, los partidos políticos están dispuestos a contribuir y no dudaron en colaborar en esa gesta que hoy repudian como si vinieran de un largo viaje y recién se enteraran.

Se supone que no es de números de lo que se discute (incluso puede ser visto como un acto de “negacionismo” por la policía progresista), pero algunas cifras ayudan a demostrar de que la pata “cívica” no es simplemente la participación de capitalistas inescrupulosos en el gobierno militar. 794 intendencias en Argentina estuvieron a cargo de “civiles”. Unión Cívica Radical: 310, Partido Justicialista: 169, Partido Demócrata Progresista: 109, Movimiento de Integración y Desarrollo: 94, Fuerza Federalista Popular: 78, otros partidos: 44. En 1979, sólo el 10 % de las intendencias del país estaban a cargo de un “militar”.

Claro que podríamos decir que, los políticos que formaban parte de la dictadura, no sabían de las atrocidades que cometían los grupos de tareas de las distintas fuerzas. También podríamos creer en el hijo de Dios que camino sobre el agua y resucitó al tercer día de ser asesinado. En cuestiones de fe, nada se discute, pero basta con utilizar google y ver cuál fue el papel que jugaron los principales candidatos a la presidencia de este año, sus colaboradores más cercanos o sus partidos y pensar que no tenían nada que ver, nos coloca en un mismo plano con los terraplanistas (sólo por poner un ejemplo que los grandes medios eligieron ridiculizar). Aun siendo repetitivos en algunos conceptos y sin temor a caer en facilismos, cuando desde la política se habla de la dictadura, no queda otra que decir que por lo menos los principales partidos (o coaliciones) tienen un nivel de hipocresía asombroso ya que entre sus filas tienen aún hoy delatores o colaboradores del proceso que dicen repudiar (el PC se lleva la medalla de oro en esta competencia de miserables). Aun caen más bajo muchos cuando apelan al pasado agitando fantasmas para decir que ellos son menos malos. Menos malos administrando el incuestionable Estado, porque eso sólo algunos cabezas duras seguimos poniendo en discusión.

Sólo por no aburrir, quedan de lado en esta nota el Poder Judicial y los medios de prensa, no faltará ocasión para hablar sobre su desempeño según sea la forma de gobierno.

Cantidad o calidad

Pero en el fondo, ¿qué es lo que se repudia cuando se habla del Proceso? Quizás sea simplemente una cuestión de no poder participar en una elección. Porque en los hechos, la principal diferencia entre el manejo del Estado por parte del partido militar o un partido cívico, es lo brutal de las acciones y la cantidad de víctimas que causan. Cualquier delegado sindical de base conoce de las persecuciones, muchos pibes pueden dar testimonio de torturas o asesinatos en comisarías. ¿Cuánta policía está implicada en desaparición de personas? Los presos/as hoy en día sobreviven hacinados/as y conviviendo con hambre y enfermedades de todo tipo.

No es casual que los últimos gobiernos pongan militares en funciones de seguridad o inteligencia, que se infiltre a grupos de militancia o se realicen montajes de todo tipo contra opositores políticos. Porque la calidad de las fuerzas armadas para estas tareas está plenamente demostrada. Sólo es cuestión de manejar cantidades. Muchísimos menos casos en democracia que en dictadura, no hay duda y seguramente esto (y algunas pequeñas concesiones a la “libertad individual”) es lo que hace que no podamos decir que son lo mismo por más que muchas veces se discuta o se elija entre calidad o cantidad.