“Llorar es un sentimiento pero mentir es pecado.” Saul Ubaldini.

Al parecer, hubo una fiesta en la Argentina; nunca nadie nos invitó a dicha fiesta, pero hoy los políticos de turno nos dicen que tenemos que pagarla. El pago no es opcional, no hay planes de financiamiento ni la posibilidad de buscar el momento para retirarse a escondidas. Desde sus sillones de gobierno, o cómodos en las juntas directivas de los grandes capitales, se acusa al pueblo de despilfarrar los recursos de la Nación en cosas tan mundanas como la supervivencia. Desde que asumió el nuevo gobierno, viene llevando adelante una batalla cultural con el objetivo de convencer a la población de que la crisis que enfrenta el país es consecuencia de sus propias acciones, y que la salida es darle más libertad a los empresarios que regulan nuestras vidas. El liberalismo, al parecer, no es más que el respeto irrestricto al proyecto de los grandes capitales.

Ley

“Si la ley no pasa, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas mas.” Luis Caputo, Ministro de Economía.

“Lo único que en esta vida no se puede ser es imbécil.” Lilita Carrio.

Los poderes económicos que hoy controlan Argentina llevan adelante sus planes por medio de interlocutores políticos bajo el discurso mesiánico del dolor y el sufrimiento; dolor necesario para expiar los pecados del pueblo y así alcanzar el paraíso prometido. El deseo de una vida digna ha sido catalogado, en estos tiempos, como pecado capital. La doctrina de shock que se ha llevado adelante en los últimos meses está marcada por cuatro variables que tenían como objetivo generar las condiciones propicias de transferencia de capital desde la clase trabajadora hacia las corporaciones. Al ajuste de Luis Caputo, el protocolo de Patricia Bullrich y el DNU de Federico Sturzenegger (la triada de funcionarios de Macri) hay que sumar la pomposa ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Esta ley, que venía a acompañar y extender al DNU, tenía como intención presentar un conjunto de condiciones ideales para las inversiones extranjeras, desde la privatización de empresas hasta la explotación de áreas naturales antes protegidas, y un sinfín de pequeñas reformas que tienen como punto en común la precarización de la vida en favor de las grandes empresas.

Hablamos en pasado porque el gobierno, teniendo minorías en el Poder Legislativo, se ha visto limitado en sus ambiciones de conseguir la aprobación de esta ley en los tiempos que buscaba. Al mismo tiempo, el DNU que actuaba como aparato fundacional de las propuestas del nuevo gobierno ha sido judicializado en la mayoría de sus artículos, con la posibilidad de derogación ya sea por la Corte Suprema o el trámite legislativo.

Esta ley, indispensable según todos los funcionarios de gobierno, tenía como principio rector la delegación de poderes legislativos al Poder Ejecutivo. El presidente entiende que, al no contar con números propios, su proyecto político requiere de estas delegaciones para poder hacer y deshacer a su antojo sin tener que “negociar” (palabra que evitan para no verse débiles ante sus votantes). Luego de un tratamiento exprés a los empujones buscando acelerar los tiempos, el gobierno ha visto que los acuerdos con la oposición amigable no eran los que tenían pensado y volvieron todo el proceso a foja cero. En lo que parece ser un arrebato de furia, han decidido no usar más tiempo para negociar mejores acuerdos con las demás fuerzas políticas sino patear el tablero para intentar, mediante DNUs y otras herramientas, lograr llevar adelante su programa político y económico apostando a conseguir mayor poder legislativo en las elecciones de medio término, el año que viene.

Orden

“Hay que terminar con esta cultura de odiar a la policía, un país que no respeta a la policía es un país que no respeta la libertad.” Manuel Adorni, Vocero Presidencial.

“No vamos a permitir que frenen la Argentina del futuro.” Manuel Adorni, Vocero Presidencial.

La orquestación del ajuste que lleva adelante el gobierno no tiene posibilidad de existir sin un programa represivo hecho a medida que logre evitar la protesta social. Tanto el DNU, la Ley y el Protocolo Anti-Piquetes buscan reprimir la protesta en diferentes formas: se establecen ciertas actividades como esenciales para prevenir las huelgas, se penaliza el bloqueo sobre lugares de trabajo y vías de distribución, se sube la pena mínima del delito de “atentado y resistencia a la autoridad” a cuatro años, haciendo de esta carátula, tan usada para encerrar manifestantes, un hecho de prisión efectiva, en conjunto con varias medidas más que buscan generar un clima ordenado de paz social donde los inversores se sientan cómodos para traer su dinero. Con la caída de la Ley, el DNU judicializado y el Protocolo con una medida cautelar en curso, el gobierno va a tener que buscar nuevas formas desde donde poder atacar la protesta.

Desde que Patricia Bullrich asumió su segundo mandato como Ministra de Seguridad, viene llevando adelante, nuevamente, la teatralización de sus medidas. Hemos visto en los primeros días, en conferencia de prensa, anunciar el desarme de una “célula terrorista” de lo más variopinta que resultó ser un completo fraude. Ahora, establece una doctrina que habilita a policías a disparar y matar a personas incluso por el hecho de darse a la fuga. Acciones que esta Ministra ha llevado adelante en el pasado y que hoy, como un mal guion, se repiten en la secuela.

El protocolo que se viene implementando desde el 20 de diciembre del año pasado establece una cantidad desproporcionada de fuerzas de seguridad en comparación con quienes se manifiestan, con operativos ridículos donde las mismas fuerzas mantienen cortado el tránsito al intentar que las protestas se hagan en las veredas y con el habitual ejercicio de las fuerzas golpeando y reprimiendo a viejos que se quejan de los salarios y jubilaciones de hambre. Los años pasan y la realidad sigue siendo la misma: los viejos mueren en la pobreza y otros ocupan su lugar en las calles en resistencia. Una realidad que desnuda la violencia inherente del Estado y el Capital en un solo gesto, una fotografía atemporal de la continua lucha por una vida digna.

Progreso

“Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso.” Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad.

“Con el tema de “si hay un muerto” lo único que logras es nunca hacer nada y el país del “no me muevo”. No tengo miedo de actuar.” Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad.

El actual gobierno lleva adelante medidas que parecen beneficiar únicamente a los grandes capitales, pero lo hacen desde un discurso (paradójicamente) de supuesta justicia social. En todo momento, funcionarios y militantes justifican sus decisiones nombrando los números de la pobreza y, en especial, de la pobreza infantil. Ninguna de las medidas que se toman beneficia a estos sectores; sin embargo, parece ser el caballito de batalla para correr por izquierda a las demás fuerzas políticas. La verdad es que no les importa el hambre, ni los pobres, ni entender las complejidades de la organización social; solo les interesa imponer una serie de medidas que sirvan como elementos de domesticación.

El boceto de plan económico que parecen llevar adelante requiere la caída de salarios, la baja del consumo y un aumento de la desocupación. Sumado a esto, mantener una baja conflictividad social para hacer de esta región un paraíso para los empresarios. Este gobierno entiende que, al deslegitimar y quitar recursos a las organizaciones sociales que son fuente de reclamos, puede aplacar el conflicto social. Es de esta forma que la batalla cultural juega un rol fundamental en mantener apoyos, tanto del núcleo duro como de aquellos desprevenidos que prefieren odiar a quien sea que haya que odiar antes que asumir que los políticos de turno les mintieron.

Sin reforzar la idea de que todo es culpa de unos u otros, este gobierno no tiene forma de mantener el apoyo de la parte de la población que está sufriendo el ajuste. Resta ver cuánto puede servir el viejo recurso del anti-peronismo para mantener ciertos sectores apoyando al gobierno. Es raro estar hablando en estos términos cuando no se cumplieron todavía los cien días desde que Javier Milei asumió el poder, pero ya existe una idea general de que no podría terminar su mandato.

La realidad es que, a pesar de los discursos románticos sobre la posibilidad de un nuevo 2001, los estallidos sociales que puedan desembocar en la caída de un gobierno no se dan de forma espontánea. Vivimos en una sociedad que nos lleva a entender los problemas de forma individual, y generar los lazos solidarios que busquen entender la raíz real de los padecimientos no siempre es posible.

El gobierno continúa su juego de establecer un show dramático con peleas diarias a distintos sectores de la sociedad o de la política, mientras en las calles las fuerzas de seguridad apaciguan a fuerza de gases y balas. La Ministra de Seguridad sabe que va a haber muertos y lo dice abiertamente. No le tiembla el pulso porque dicen que el cambio que buscan imponer solo se logra a través del sacrificio. Pero nunca son ellos los que se sacrifican. Las lágrimas, el sudor y la sangre siempre son del pueblo.